LIMA (AP) — El presidente peruano Pedro Castillo tiene previsto asistir el viernes ante la fiscalía que lo investiga como líder de una presunta organización criminal que recibía sobornos de obras de infraestructura.

Castillo dijo el jueves durante una actividad pública que irá a “dar la cara” a la indagación de la fiscalía que también incluye a su exministro de Transportes, Juan Silva, y a seis parlamentarios. La hipótesis fiscal afirma que un grupo criminal liderado por Castillo habría recibido beneficios de obras públicas adjudicadas de forma irregular a algunos empresarios. El Ministerio de Transportes es la secretaría nacional con mayor presupuesto, unos 3,344 millones de dólares anuales en 2022, según datos oficiales.

Es la primera vez en la historia de Perú que la fiscalía investiga a un presidente en funciones.

Según la ley, podría ocurrir que el mandatario solicite al fiscal que lo visite al palacio presidencial o simplemente no asistir sin que puedan obligarlo a declarar porque le asiste una protección presidencial hasta el fin de su mandato previsto para 2026. Antes el presidente respondió por escrito algunas preguntas de la fiscalía, pero cuando tenía la condición de testigo. Ahora está investigado.

Seis expresidentes que gobernaron entre 1985 y 2020 están condenados, investigados o procesados por corrupción o lavado de activos. Uno de ellos, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), se suicidó poco antes de ser capturado en una investigación por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En diez meses de gestión el gobierno de Castillo ha superado dos intentos de destitución presidencial iniciados en el Congreso. Es la continuación de una crisis política iniciada en Perú en 2016 que ha provocado inestabilidad, así como cinco presidentes y tres parlamentos al momento.

Tanto Castillo como el Congreso poseen alta desaprobación de los peruanos en todas las encuestas. Según el sondeo de mayo del Instituto de Estudios Peruanos, Castillo tiene 70% de impopularidad y el Parlamento 87% de desaprobación. El 67% de la población considera que lo más conveniente es que tanto el presidente como el Parlamento renuncien y se convoquen a nuevas elecciones.

Castillo inició su gestión el 28 de julio de 2021 y su gobierno está programado para finalizar cinco años después, el 28 de julio de 2026.