MIAMI (AP)

— Roberto García cruzó la frontera desde México en 2009 en busca de una vida mejor. Durante los últimos ocho años ha estado casado con una estadounidense y tienen 3 hijos, ciudadanos estadounidenses. García es el único miembro de la familia que no lo es.

Hace siete años, presentó una solicitud para legalizar su estatus mediante un proceso que, aún si resulta aprobado, le exigiría volver a México sin ninguna garantía de que se le permita regresar a Estados Unidos.

La posibilidad de separarse de su familia o, en el peor de los casos, no poder volver a su casa en Los Ángeles, ha sido muy estresante. También lo ha sido la espera. Han pasado siete años, y García no ha conseguido una cita en el consulado estadounidense de Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera.

Ahora, un programa del gobierno del presidente Joe Biden, que se pondrá en marcha el lunes, permitirá que algunos cónyuges de ciudadanos estadounidenses que no cuentan con un permiso legal para permanecer en el país legalicen su estatus sin salir del mismo. Esto da una nueva esperanza a García y a otras personas como él.

“Por fin hay una luz de que esto sea posible”, dijo García, de 37 años. “Me imagino pronto tener los papeles tan importantes que tanta gente quiere tener”

El nuevo programa ofrece una inusual oportunidad de borrar el miedo a la deportación y obtener algún día la ciudadanía. Pero una preocupación socava esa emoción: ¿Quién se beneficiará de lo que ha sido descrito como el conjunto de protecciones para los migrantes más amplio en Estados Unidos en más de una década? ¿El programa enfrentará impugnaciones jurídicas? Y lo más importante, ¿sobrevivirá a la elección presidencial?

Según la política que el presidente demócrata anunció en junio, muchos cónyuges sin estatus legal podrán solicitar algo llamado “permiso de permanencia temporal en el país”, que les permite quedarse en Estados Unidos, solicitar la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, también conocida como “green card” y, finalmente, obtener una vía a la ciudadanía.

Para ser elegibles, las personas deben haber vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años, no plantear una amenaza de seguridad o tener antecedentes penales que los descalifiquen, y estar casados con una persona con ciudadanía al 17 de junio como máximo, el día anterior al anuncio del programa. Deben pagar una cuota de 580 dólares para presentar su solicitud y llenar largo documento donde incluyan una explicación de por qué merecen el permiso humanitario y presentar una larga lista de documentos de apoyo que demuestren el tiempo que han pasado en el país.

Deben presentar su solicitud ante el Departamento de Seguridad Nacional y, si obtienen la aprobación, tienen tres años para solicitar la residencia permanente. En ese periodo, pueden obtener un permiso para trabajar.

El gobierno calcula que unas 500.000 personas podrían calificar para el programa, además de alrededor de 50.000 de sus hijos.

Antes de este programa, era muy complicado que las personas que estaban sin autorización en Estados Unidos obtuvieran la “green card” tras contraer matrimonio con una persona con ciudadanía estadounidense. Se les podía pedir que volvieran a su país de origen, a menudo durante años, y siempre enfrentaban el riesgo de que quizás no se les permitiera volver.

La noticia del programa de Biden desató una gran actividad en todo el país mientras las parejas verificaban si eran elegibles. Grupos defensores de inmigrantes se han puesto en contacto con las personas para ayudarlas a entender el programa y combatir la desinformación. Algunos de ellos emitieron anuncios de radio.

“Definitivamente, hay un gran interés, pero también muchas preocupaciones”, señaló Carolina Castaneda, abogada del Centro de Recursos Jurídicos para Inmigrantes de Central Valley, California.

Activistas y abogados señalaron que ellos y los solicitantes evalúan si hay un riesgo al presentar la solicitud, si el programa sobrevivirá a las posibles demandas de los republicanos, y lo que ocurrirá si el republicano Donald Trump, que ha prometido deportar a millones de inmigrantes, vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre.

Han surgido muchas más dudas en comparación con la emoción con la que se recibió el lanzamiento del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protegía de la deportación a las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, dijo Karla Aguayo, directora de servicios jurídicos de CHIRLA, la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes con sede en Los Ángeles.

Cuando se anunció el DACA en 2012, señaló, miles de personas se formaron afuera de las oficinas de la organización. Para el nuevo programa, sólo han acudido unas cuantas parejas.

Si bien DACA tenía un conjunto mucho mayor de posibles solicitantes, la comunidad inmigrante ha visto cómo estas políticas quedan estancadas en los tribunales, indicó Aguayo.