El primer vuelo se concretó la semana pasada, justo un día después de que el gobierno venezolano y una parte de la oposición política reanudaran los diálogos suspendidos un año atrás para una hoja de ruta electoral que dé garantías de participación a ambas partes en las presidenciales de 2024.

Ese acercamiento condujo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a anunciar el levantamiento temporal por seis meses de algunas sanciones sobre los sectores de petróleo, gas y minas de oro de Venezuela, horas después de que la aeronave aterrizara en el aeropuerto de Maiquetía.

Maduro señaló que en el marco del diálogo con la oposición, Estados Unidos “cumplió su palabra y sacó un conjunto de licencias para iniciar un camino, que debe ser permanente y sostenido, que nos debe llevar al levantamiento total de las sanciones”. Maduro repetidamente atribuye la migración de venezolanos a las sanciones económicas.

Los críticos del gobierno, por su parte, afirman que la migración es consecuencia de una larga crisis política, social y económica que atribuyen a la mala gestión de los gobiernos socialistas del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y de Maduro, su sucesor y heredero político, electo tras la muerte de Chávez.

También relacionan las dificultades económicas del país con el manejo de la empresa petrolera estatal después de dos décadas de caída de la producción de crudo, principal fuente de ingreso de divisas del país.

A pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela experimenta desde hace más de un lustro una drástica caída de su producción que se ha traducido en la escasez de combustibles y gas doméstico.

Estados Unidos ha batallado durante años para deportar a personas a países con los que no mantiene una buena relación.

Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 alegando que ese país impulsa planes para desestabilizar al gobierno y forzar su derrocamiento.

Washington congeló todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder, argumentando que fue electo en 2018 en unos comicios fraudulentos.