Ley religiosa sería una “licencia para discriminar”

Para convertirse en ley, este proyecto aún debe ser firmado por el gobernador Ricardo Rosselló, quien ya expresó su reparo a una versión inicial del mismo.

Por Osman Pérez Méndez

( San Juan)  El proyecto de ley sobre la libertad religiosa aprobado el lunes en la noche por la Legislatura podría suponer un perjuicio para ciertos grupos de la sociedad, toda vez que permitiría que personas que laboran en las agencias de gobierno puedan optar por no ofrecer algún servicio si consideran que atenta contra sus valores religiosos.

“Esta ley que se aprobó anoche (anteanoche) en realidad lo que hace es dar un privilegio a algunos sectores religiosos. Tiene el riesgo de que empleados se nieguen a ofrecer servicios por motivos religiosos”, opinó la doctora Yanira Reyes Gil, profesora de derecho constitucional de la Universidad Interamericana.

“Se trata, supuestamente, de proteger la libertad religiosa de empleados gubernamentales, pero es un peligro”, detalló Reyes, poniendo algunos ejemplos de cómo podría afectar la ley a las personas y aclarando que la misma aplica a todo personal de agencia de gobierno, desde oficinas hasta centros de servicios médicos.

“Imagínese un policía que vaya a atender una querella y es una pareja homosexual, y decide que no va a tomar esa querella. O un funcionario del registro demográfico, que puede decidir no atender a una pareja gay por motivos religiosos, que es algo que ya ha pasado en los Estados Unidos”, comentó. “Es realmente una licencia para discriminar contra sectores minoritarios. Es algo que se ha usado en otros lugares para discriminar contra mujeres, contra la comunidad LGBTT”.

Otro elemento importante, resalta la doctora sobre el proyecto, “es que dice que el gobierno no podría impedir construcción de bienes inmuebles con fines religiosos. Es una protección específica que podría irse por encima de la ley”.

Inclusive, evaluó Reyes, la ley “podría usarse con defensa en un caso de negligencia del gobierno. Podrían argumentar que no se dio el servicio porque un empleado considera se violenta su derecho a libertad religiosa”.

Para convertirse en ley, este proyecto aún debe ser firmado por el gobernador Ricardo Rosselló, quien ya expresó su reparo a una versión inicial del mismo. No obstante, si llegara a vetarlo la Legislatura podría ir por encima de ese veto como ha hecho con otros proyectos.

El doctor Efrén Rivera Ramos, catedrático de derecho de la Universidad de Puerto Rico, coincide en que “ese texto se presta para muchas cosas. Se presta para querer justificar el discrimen”.

“La ley tiene una definición de ejercicio religioso que incluyen cualquier acto, expresión, hacer o no hacer algo por razón religiosa. Significa que, dependiendo cómo se interprete, una persona podría hacer o negarse a hacer algo”, explicó Rivera.

Sin embargo, acotó el profesor, si alguien dejara de recibir un servicio, “el artículo 8 dice que el Estado tienen que garantizar ese servicio. No se lo puede negar a nadie”.

“Hay una responsabilidad de del Estado de garantizar ese servicio, y si no puede hacerlo, porque son las únicas personas disponibles (y se niegan a darlo por razones religiosas), se justificaría que el Estado pueda obligar a esas personas a dar el servicio si no tiene otra alternativa”, explicó.

“Mi interpretación, es que, si no hubiera otra forma de prestar el servicio, ya sea por premura o porque no hay otra persona disponible o por razones parecidas, entonces el Estado puede ordenar que se dé el servicio porque es un interés apremiante del estado y es lo menos oneroso”, acotó Rivera. “La ley obliga al Estado a proveer un acomodo para el empleado, pero no al punto que se deje de dar el servicio”.

De cualquier forma, opinó el profesor, las cosas “van a depender de las circunstancias de cada caso. Ese texto se presta para muchas cosas, y en última instancia va a depender de la interpretación que dé el Tribunal Supremo, porque creo que va a llegar allí en algún momento. Y en el proceso pues intervienen también las preferencias de los jueces, y quizás condicionen el resultado final”.

Defienden derecho a profesar su fe

Para miembros del sector religioso, no obstante, esta ley llega como una protección a su derecho de expresar su fe, que consideran se ha visto bajo ataques recientemente.

“Lo que se ha levantado es que todo el mundo alega derechos. Y por supuesto, todo el mundo tiene derecho a vivir libremente dentro del marco de la sociedad, en cumplimiento de la ley. Pero también los que profesamos cierta fe hemos visto muchos ataques en tiempos recientes”, comentó la pastora Wanda Rolón, agregando que no cree que algún religioso vaya a usar la ley para discriminar porque “eso no es lo que profesamos”.

“Yo pienso que lo que hace la ley es proteger a quien tiene una fe, de que se le quiera obligar a rendir un trabajo o una labor en contra de sus principios religiosos”, agregó la pastora. “Creo que es una protección para que cada cual actúe de acuerdo a sus principios religiosos. Debemos procurar vivir en una sociedad en la que impere el respeto en todas las áreas”.

No obstante, Rolón expresó que esto no se trata de negar atención a nadie y fue categórica en que para todas las personas “el servicio hay que darlo. Claro que sí, a nadie se le puede negar”.

“Entiendo que el gobierno debe de proteger a todos por igual. Necesitamos una libertad de movernos libres, sin temor a expresar lo que sentimos y nuestra fe”, insistió.

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