Juez federal dictamina que el mandato de drogas contra el VIH viola la libertad religiosa del empleador de Texas

Un juez federal en Fort Worth dictaminó el miércoles que el mandato de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio para la cobertura gratuita de medicamentos innovadores para la prevención del VIH viola la libertad religiosa del propietario de una empresa de Texas, socavando el sistema más amplio que determina qué medicamentos preventivos están cubiertos en los EE. UU.

El juez de distrito de EE. UU. Reed O'Connor otorgó un juicio sumario a Braidwood Management Inc. en su impugnación de la cobertura de Truvada y Descovy de Gilead Science. Los dos medicamentos profilácticos previos a la exposición, comúnmente conocidos como PrEP, son tomados diariamente por cientos de miles de estadounidenses, en particular hombres que tienen sexo con hombres.

El fallo no tiene ningún efecto inmediato sobre las personas con seguro médico privado o las personas que toman medicamentos como Truvada para reducir sus posibilidades de contraer el VIH.

O'Connor ha programado una audiencia en el caso para el viernes.

Braidwood y los demás demandantes se opusieron a una característica central de la ACA, a menudo conocida como Obamacare, que requiere que los planes de seguro médico privado paguen la atención médica preventiva en su totalidad, sin cargo para el asegurado. Los demandantes no estuvieron de acuerdo con los grupos que determinan qué tipo de atención médica es preventiva y también se opusieron a la cobertura de seguro de servicios como el control de la natalidad, las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y los medicamentos PrEP por motivos religiosos.

La demanda está encabezada por el abogado Jonathan Mitchell, el exprocurador general republicano de Texas conocido por ayudar a redactar la ley de aborto de Texas que faculta a los ciudadanos comunes a demandar a las personas que creen que han ayudado a otros a abortar. Mitchell, quien ha liderado varias demandas con potencial para afectar los derechos de los estadounidenses LGBT, ha argumentado que la cobertura obligatoria de PrEP obliga a los cristianos a subsidiar el “comportamiento homosexual”.

O'Connor, designado por el expresidente George W. Bush, dijo que el gobierno no demostró un interés estatal en proporcionar cobertura de los medicamentos que superaron las objeciones religiosas de los demandantes. En 2018, O'Connor dictaminó que toda la ACA no es válida. La Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente revocó esa decisión.

“Los acusados ​​del gobierno en la demanda “esbozan una política generalizada para combatir la propagación del VIH, pero no proporcionan evidencia que relacione esa política con empleadores como Braidwood”, escribió el juez. “Por lo tanto, los acusados ​​no han asumido la carga de demostrar que el mandato de PrEP promueve un interés gubernamental apremiante”.

Este desafío reciente fue presentado por una empresa propiedad de Steven Hotze, un activista conservador y teórico de la conspiración de QAnon que se describe en la demanda como operando Braidwood Management "de acuerdo con los principios y la enseñanza cristianos". Los demandantes también incluyen a los residentes del condado de Tarrant, Joel Starnes y John Kelley, quien dirige Kelley Orthodontics y el cirujano bucal de Fort Worth, Gregory Scheideman.

El fallo es la última victoria de los conservadores que apoyan una interpretación amplia de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una ley de 1993 que se ha utilizado para cuestionar el acceso al aborto y la anticoncepción y para bloquear la protección igualitaria de la comunidad LGBT.

“Este fallo se trata de imponer creencias religiosas extremas, no, como pretende, de proteger la libertad religiosa”, dijo Ivy Hill, directora del programa de salud comunitaria de Campaign for Southern Equality. “Los jueces extremistas de extrema derecha están atacando la privacidad y el acceso a la atención médica”.

Es probable que la administración Biden apele. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El juez se reservó decidir el “recurso adecuado” para resolver el reclamo, y no está claro qué impacto tendrá el fallo más allá de la empresa demandante, que emplea a unas 70 personas. Dijo que no había evidencia de que el gobierno no pudiera asumir el costo de proporcionar medicamentos PrEP a personas que no pueden obtenerlos de empleadores religiosos.

Los medicamentos de PrEP pueden costar hasta $20,000 al año, según el fallo.

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