Juan Manuel Montes era beneficiario del programa DACA, el cual debiera aplazar la deportación de jóvenes traídos ilegalmente a EU

SAN DIEGO, (20/ABR/2017).- El caso de un hombre deportado a México pese a tener permiso para estar en Estados Unidos expedido por un programa federal que protege a jóvenes inmigrantes será dirimido por un juez en San Diego cuya imparcialidad fue cuestionada por Donald Trump durante la campaña presidencial a causa de su ascendencia mexicana.

El juez federal Gonzalo Curiel recibió el caso de Juan Manuel Montes, de 23 años, cuyos abogados dicen pudiera ser la primera persona deportada por el gobierno de Trump que estaba acogida al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que aplaza la deportación de jóvenes traídos ilegalmente al país de niños. Montes entabló el martes una demanda en la que pide acceso a los documentos de su deportación.

La demanda se produce menos de un mes después que Curiel aprobó un arreglo de 25 millones de dólares en un caso contra la ahora desaparecida Universidad Trump por acusaciones de engañar a estudiantes. Trump criticó reiteradamente al juez oriundo de Indiana durante su campaña, insinuando que su herencia mexicana lo había prejuiciado en el caso debido a la posición de Trump sobre la inmigración no autorizada.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que Montes tenía derecho a estar en Estados Unidos hasta inicios del 2018 bajo el DACA, revirtiendo su posición de la víspera de que su estatus había expirado en agosto de 2015 y no fue renovado.

La agencia dijo que Montes admitió bajo juramento que había entrado ilegalmente al país el 19 de febrero, lo que resultaba en la pérdida de su estatus porque admitía que había salido del país sin el permiso requerido.

El caso pudiera ayudar a definir el enfoque de Trump hacia el programa, que fue introducido en el 2012 por el expresidente Barack Obama. Trump lo ha dejado en vigor y hecho declaraciones de simpatía sobre sus beneficiarios, enfureciendo a algunos opositores acérrimos a la oposición.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el miércoles que no quería dar una opinión apresurada sobre el caso de Montes y refirió las peguntas al Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que las prioridades del gobierno en inmigración son personas que cometen crímenes en Estados Unidos y representan una amenaza.

“Yo diría, con respeto, que en este caso los hechos no son completamente conocidos, así que preferiría no apresurar conclusiones”, dijo.

Incluso tras su nueva declaración, la versión del Departamento de Seguridad Nacional difiere claramente de lo que los abogados de Montes dicen que sucedió.

El abogado dijo en la demanda presentada en la corte federal en California que su defendido dejó el país el 17 de febrero solamente porque fue detenido por un agente de la ley, quien le pidió que se identificase cuando caminaba a un puesto de taxis en Calexico, California, unas 120 millas (190 kilómetros) al este de San Diego. Se le pidió que firmase documentos sin recibir copias ni una oportunidad de ver a un juez de inmigración.

Tras ser asaltado en la ciudad fronteriza mexicana de Mexicali, Montes regresó a Estados Unidos dos días más tarde y se entregó a las autoridades, de acuerdo con la demanda. De nuevo se le pidió que firmase documentos, sin recibir copias, y fue devuelto a México.

El miércoles, Seguridad Nacional dijo que la Patrulla Fronteriza no tenía registros del encuentro inicial en Calexico y que Montes había salido de Estados Unidos en una fecha desconocida.