Las evaluaciones sobre el alcance del informe de la Oficina General de Contabilidad (GAO por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos sobre los costos de la estadidad para Puerto Rico y para Estados Unidos parecen depender del color del cristal con que se analicen.

Varios líderes del Partido Popular Democrático (PPD) aseguraron el domingo –por un lado– que el informe de la GAO confirma lo “nefasta” que sería la estadidad para Puerto Rico por el éxodo de empresas y el alza en la tasa de desempleo que provocaría, y el aumento en las contribuciones a individuos. Mientras, por su parte el comisionado de Puerto Rico en Washington, y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, señaló que la Isla recibiría “miles de millones de dólares” adicionales en fondos federales para mejorar su calidad de vida.

“La estadidad le costaría a Puerto Rico, entre impuestos adicionales, pérdida de impuestos… unos $7,878 millones, a cambio de un incremento en beneficios que irían entre$1,740 millones y $5,240 millones. Esto significa que el balance neto de la estadidad para Puerto Rico –lo que podemos deducir de este informe– estaría entre negativo $6,408 millones y negativo $2,638 millones”, explicó José Alfredo Hernández Mayoral, secretario de Asuntos Federales del PPD.

Pero Pierluisi rechaza todo impacto negativo de la estadidad.

“Este informe confirma que la estadidad es beneficiosa, tanto para Puerto Rico, como para Estados Unidos. Esto no es de quién se beneficia más… ambos, Puerto Rico y Estados Unidos se benefician claramente con la estadidad”, dijo Pierluisi.

En su presentación, Hernández Mayoral citó del informe del GAO la obligación contributiva de $2,300 millones que las personas en Puerto Rico deberán asumir, si en el corto plazo la isla se convirtiera en un estado de Estados Unidos. Esta obligación contributiva federal requeriría una reducción significativa en la tasa contributiva individual que actualmente tiene el gobierno. Según el Senador Jorge Suárez, quien es Secretario General del PPD, el efecto sobre el presupuesto de la isla sería “devastador”.

“Para mitigar ese impacto [de la contribución federal], lo que dice el informe es que el Estado Libre Asociado debe rehacer sus tasas [contributivas] para que sean menores, para que el impacto federal, que es el primero que se va a pagar, se tenga que cumplir. Lo que significa eso es que Puerto Rio tendría que bajar sus tasas en un 50 por ciento”, señaló Suárez, quien aseguró además que la perdida en el presupuesto de la Isla sería de unos $4,500 millones.

Suárez estimó que la estadidad pondría en riesgo unos 120 mil empleos gubernamentales, más unos 86 mil empleos que pudieran perderse en el sector de las corporaciones foráneas con el cierre de operaciones al perderse los beneficios contributivos.

Sobre la posibilidad de que las empresas de capital foráneo puedan cerrar operaciones en la isla, si ésta legara a convertirse en estado, Pierluisi descartó cualquier impacto económico negativo.

“Por cada una que se pueda ir [empresas], van a venir dos. Lo que hay que tener claro es que el modelo de estar dependiendo de beneficios contributivos ya no pare más… ya no funciona”, señaló el comisionado.

Suárez extrapoló el efecto del cierre de empresas foráneas, principalmente farmacéuticas y de equipo médico, a los municipios y la correspondiente pérdida en patentes municipales. Usando de ejemplo al municipio de Juncos, Suárez señaló que en caso de que la farmacéutica Amgen cerrara operaciones allí, el municipio perdería $15 millones por concepto de esa sola patente municipal.

“Esto es la Ley 7 con esteroides”, aseguró el senador Popular.

Tanto Hernández Mayoral, como Suárez reiteraron que los costos de la estadidad superan por mucho los beneficios que pudiera derivar el país, según lo establece el informe del GAO.

Para Pierluisi, en la medida en que Puerto Rico esté pagando más contribuciones va a ser positivo porque “eso va a significar que nuestra economía va estar creciendo”.