Por: Carlos DePonce

Funcionarios federales de educación han rechazado la propuesta de la Junta Escolar de Búfalo para hacer frente a las acusaciones de discriminación en las escuelas de criterio del distrito, como la escuela de la Ciudad de Honores, diciendo que el plan falla para hacer frente adecuadamente a todas las recomendaciones de un consultor para poder cambiar las prácticas de admisión.

El Distrito escolar tuvo hasta Septiembre 15 para responder a las preocupaciones de la oficina del departamento de Educación y derechos civiles. Esta es una de las primeras pruebas par el Nuevo superintendente Kriner Cash.

Algunos críticos dijeron que el plan del distrito no va lo suficiente lejos y fallaron al no mencionar las recomendaciones mas dramáticas, entre ellas abrir una segunda escuela de honores de la ciudad y otra para eliminar la preferencia de los que viven en el barrio de la villa de Elmwood para atender la escuela Frederick Law Olmstead.

El señor Cash no estuvo disponible inmediatamente para poder hacer comentarios, pero una carta dirigida a los miembros del consejo, el llamo a la respuesta una oportunidad de seguir algunos objetivos que el ha trazado desde que tomo el lugar de líder.

“ Sin embargo, nuestra respuesta de aclaración adicional a OCR puede ser visto como una oportunidad para alinear algunas de las iniciativas criticas que he estado discutiendo con ustedes y la comunidad durante las primeras etapas de mi mandado” escribió. “ Específicamente, proporcionando múltiple opciones educativas de alta calidad para nuestros niños y sus familias.”

“El comunicado de OCR debe ser tomado en serio, se dirigió pensativo y con urgencia,” Cash escribió en la carta enviada a los miembros del consejo. “OCR nos recuerda en la carta que ‘pueden iniciar la aplicación administrativa o proceso judicial para hacer cumplir los términos y obligaciones específicas del acuerdo, lo que podría dar lugar a la suspensión de la asistencia financiera federal del Departamento.'”

Dichas sanciones financieras podrían ascender a millones de dólares si la oficina federal opta por utilizarlos como palanca para hacer cumplir las acciones específicas.

Una carta de la Oficina de Derechos Civiles señala unos 10 problemas específicos del plan de la junta no trata. Entre ellos se incluyen los cambios específicos a las normas de admisión en las escuelas de criterio, la apertura de nuevas escuelas con altos niveles para los estudiantes y la creación de un plan de acción afirmativa para la dotación de personal.

La oficina se dirigió al distrito de suspender su proceso de admisión para el curso escolar 2016-2017 hasta que todos los problemas se resuelven. Esto podría aplicarse a las pruebas para el ingreso a la ciudad de Honores, que se esperaban que hayan comenzado este octubre

La respuesta de la oficina se produce semanas después de que la junta haya presentado un plan que en gran medida se apartaba de las recomendaciones del experto en derechos civiles Gary Orfield. Al que fue contratado para revisar las normas del distrito y las prácticas de admisión como parte de una solución de la queja original.

El plan presentado por la Junta se basó en gran medida de los programas con el objetivo de preparar mejor a los estudiantes para las escuelas de criterio de la ciudad, incluyendo la adición de programas después de la escuela de verano. Incluía planes para varias escuelas que ya estaban en las obras que los funcionarios del distrito pensaban también podría satisfacer los requisitos de derechos civiles.

“Había signos de interrogación claras acerca de lo que pusieron juntos”, dijo Radford. “Ustedes saben que no era un plan integral para aplicar las recomendaciones. Todos ellos sólo querían seguir adelante con los planes que ya tenían para el distrito “.

Radford dijo que el consejo trató de resolver el problema con el distrito antes de presentar la queja ante la Oficina de Derechos Civiles, pero no se sentía que los administradores tomaron en serio el asunto.

Orfield también criticó el plan de la junta en su respuesta a la Oficina de Derechos Civiles, y señaló que no se abordó cuestiones en el corazón de la queja, incluyendo los criterios de admisión de las escuelas.

“Esto es ahora un asunto del orden público en manos de OCR, que tiene la obligación legal de resolver la violación de los derechos civiles”, dijo Orfield. “Espero firmemente que un buen plan de trabajo surge de las negociaciones y que no se necesita ningún proceso de ejecución en Búfalo.”