Por The Associated Press

La propuesta forma parte de unas 70 recomendaciones que entregó una comisión especial al presidente Joe Biden

Una comisión especial del gobierno estadounidense sobre organización laboral emitió el lunes una serie de recomendaciones que podrían facilitar la creación de sindicatos entre trabajadores públicos y contratistas.

El reporte entregado al presidente Joe Biden incluye 70 propuestas, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.

Biden creó la comisión por medio de una orden ejecutiva en abril del año pasado, nombrando a la vicepresidenta Kamala Harris como su directora y al secretario del Trabajo Marty Walsh como subdirector.

El reporte argumenta que la membresía en sindicatos ha disminuido a lo largo de los años, coincidiendo con la concentración de la riqueza en nacional en el 10% de la población. Dice que la mayoría de los estadounidenses tiene una imagen positiva de los sindicatos y se unirían si se les da la oportunidad de votar sobre el asunto. Sin embargo, el Departamento del Trabajo reportó el mes pasado que solo el 10.3% de los trabajadores del país estaban sindicalizados en 2021, comparado con 20.1% en 1983.

Muchas de las propuestas para aumentar el sindicalismo se concentran en el gobierno federal como empleador. El Departamento del Interior es una de cuatro agencias que ahora permitirá a organizadores sindicales hablar con empleados en propiedad federal, una norma que también abarcará a empresas privadas contratadas por el gobierno.

Los Departamentos de Transporte y Comercio emitirán lineamientos para dar subsidios federales a fin de fomentar los trabajos sindicalizados.

No habrá contratos de gobierno para ninguna actividad antisindical en los Departamentos de Defensa, Salud y Servicios y Humanos y Trabajo, así como en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.

Otras propuestas incluyen gestiones para informar mejor a los trabajadores de sus derechos y para aplicar las leyes laborales existentes. La comisión deberá entregar otro reporte dentro de seis meses para informar sobre la implementación de las medidas.