Diecisiete entidades, el Distrito de Columbia y seis municipalidades consideran que es anticonstitucional, y tiene fines políticos e incluso racistas

Diecisiete estados, el Distrito de Columbia y seis municipalidades presentaron el martes una demanda contra el gobierno federal estadounidense, argumentando que su plan de añadir al censo una pregunta sobre la ciudadanía del encuestado es inconstitucional.

Los fondos federales y la representación en el Congreso están en juego en la disputa sobre la decisión del gobierno de Donald Trump de reinstaurar la pregunta sobre ciudadanía en el censo del 2020. Sería la primera vez en 70 años que el gobierno utiliza el formulario enviado a todos los hogares en el país para preguntar a las personas si son ciudadanas estadounidenses.

El fiscal general de Nueva York Eric Schneiderman, un demócrata que anunció la nueva demanda en una corte federal en Manhattan, dijo que los planes tendrán “un efecto devastador en Nueva York, donde tenemos a millones de inmigrantes”.

“Es ilegal. Es injusto”, dijo Schneiderman en conferencia de prensa. Añadió que la propuesta pondría fin a una larga gestión bipartidista que asegura que el censo es acertado y que el Buró del Censo ejecuta su mandato de conducir un conteo pleno y exacto de la población, incluyendo ciudadanos o no ciudadanos.

El Buró del Censo no ha incluido la pregunta de la ciudadanía desde 1950, mucho antes de la aprobación de una ley en 1965 para garantizar que los grupos minoritarios tuvieran representación plena en el conteo que se realiza cada decenio. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Raza Negra (NAACP, por sus siglas en inglés) también ha dicho que estos cambios conllevarían a que una gran cantidad de negros no sean contados.

De acuerdo con la demanda, casi una cuarta parte de los hogares en el estado de Nueva York no llenaron sus cuestionarios del censo del 2010. Apuntó que uno de cada cinco residentes en Nueva York nació en otro país.

En la conferencia de prensa, otros tres demócratas criticaron el plan.

La representante Nydia Velazquez dijo que la pregunta sobre la ciudadanía es “un evidente intento de minar nuestra Constitución y nuestra democracia”.

El representante Jerrold Nadler dijo que es un “atrevido intento por parte del gobierno de Trump de hacer trampa en el censo, minar la integridad del censo y atacar a los estados… para robarse votos de esos estados y dárselos a estados que votarán por los republicanos”.

La representante Carolyn Maloney predijo que la demanda terminará en la Corte Suprema. “Es algo sin precedentes. Está mal y debe ser frenado”, dijo de la pregunta sobre ciudadanía.

Los acusados son el Departamento de Comercio, responsable por el censo, y el Buró del Censo. Los demandantes son Nueva York, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington, el Distrito de Columbia, y las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Providence.

El fiscal general de California presentó una demanda separada la semana pasada que busca impedir que la pregunta sea añadida al cuestionario del censo.

Un portavoz del gobierno no contestó de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.