En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado estadounidense dijo que las sanciones son contra “personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”.

Las sanciones incluyen el retiro de visa de entrada a suelo estadounidense.

Entre los seis sancionados de El Salvador figuran los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), a quienes el Departamento de Estado implica en actos de sobornos, malversación y lavado de dinero.

En el caso de Guatemala, se sancionan a diez personas, entre ellos la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez por socavar los procesos democráticos y presentar cargos penales sin fundamento con motivaciones políticas contra periodistas, según el gobierno estadounidense.

Monterroso acusó al periodista José Rubén Zamora en un caso que llamó la atención nacional e internacional por ser un crítico al gobierno de turno y por sus investigaciones sobre corrupción. El comunicador fue condenado por un caso de lavado de dinero.

Asimismo se sancionan a los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer, a quienes Estados Unidos señala de socavar la democracia al autorizar acciones judiciales con motivos políticos.

Otros de los sancionados son el exministro de Gobernación, Gendry Reyes, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, y el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix Vega, por usar supuestamente su posición para inapropiadamente y contra la ley adjudicar contratos a empresas de su propiedad.

Entre los diez sancionados de Honduras figuran Alex Alberto Morales Girón, exgerente administrativo de Inversiones Estratégicas de Honduras, de propiedad estatal, por apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, también la exministra de Salud, Edna Yolany Batres Cruz, por defraudar al gobierno por más de 300.000 dólares al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida, según el gobierno estadounidense.

En el caso de Nicaragua fueron sancionados 13, entre ellos a Wendy Carolina Morales Urbina, actual fiscal general por socavar procesos o instituciones democráticas al utilizar la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia y confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal, indica.

A Urbina también se le señala por la incautación de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.

Las sanciones también incluyen a varios miembros de la Asamblea Nacional nicaragüense como su primera vicepresidenta Arling Patricia Alonso Gómez, su segunda vicepresidenta Gladis de los Ángeles Báez, la primera secretaria Loria Raquel Dixon Brautigam, por participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Se sancionan, además, a jueces y funcionarios que se habrían prestado para utilizar las cortes y otras instituciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de la ciudadanía nicaragüense, según el Departamento de Estado.