La administración del presidente Donald Trump reconoció la semana pasada ante el Congreso haber perdido el seguimiento de por lo menos 1,475 niños migrantes, oficialmente llamados “Unacompanied Children (UAC), que habían llegado solos a la frontera y entregados con patrocinadores adultos en los Estados Unidos. 

Se trata de una cifra preliminar, toda vez que el número fue estimado de una encuesta de 7,000 casos de menores de edad no acompañados que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México, quedaron bajo custodia oficial, fueron asignados primero al Departamento de Salud (HHS), y después enviados a hogares patrocinadores por decisión de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR). 

De acuerdo con estadísticas oficiales, la mayoría (más del 80%) de los hogares que reciben a los niños corresponden a familiares cercanos, incluso padres. Es posible que algunos adultos no hayan respondido a la encuesta por temor a perder la custodia de los menores, por lo que no necesariamente los niños están desaparecidos o en riesgo inminente.  El resto de los casos corresponde a hogares sin vinculación con el menor. 

El HHS entregó el año fiscal 2017 a unos 40,000 menores migrantes no acompañados a hogares patrocinadores. Así hayan sido entregados a familiares o no, resulta francamente inaceptable que el gobierno federal de los Estados Unidos no use los recursos a su alcance para encontrar a esos menores de edad, así sea tocando la puerta de todos y cada uno de los hogares que recibieron la custodia de los niños.  

EL HHS sostiene que no tiene responsabilidad legal de dar seguimiento a los casos una vez que son asignados. Una sociedad mide su autoridad moral de muchas maneras, pero una de las más importantes es la forma en la que sus instituciones tratan a los más vulnerables entre nosotros. Y no hay duda de que a esa categoría corresponden los menores de edad, especialmente, aquellos que viajan solos. 

Desafortunadamente la administración Trump ha decidido que la mejor estrategia para reducir el reciente incremento de inmigrantes centroamericanos a los Estados Unidos es a través de la criminalización del fenómeno migratorio, as través de la nueva política de “tolerancia cero” anunciada por el procurador general Jeff Sessions. 

No sólo los inmigrantes cargan el peso de llegar a los Estados Unidos huyendo de la violencia, las pandillas y la pobreza, o todo lo anterior, sino ahora enfrentarán cargos criminales en los Estados Unidos. Por si fuera poco, en el caso de las familias migrantes, pende la amenaza de las autoridades estadounidenses de separar a los menores de sus padres. 

Tiene razón el legislador Adriano Espaillat cuando afirma que esta es una crisis de derechos humanos. ¿Dónde están los niños? ¿Cómo están los niños? La respuesta deberíamos saberla todos, la sociedad, el Congreso, el sistema interamericano de derechos humanos, las Naciones Unidas. Se trata de una obligación moral ineludible para todos.

Por José López Zamorano

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