El tribunal también señaló que Trump no había presentado ninguna prueba de que hubiera desclasificado los documentos confidenciales, como ha dicho en repetidas ocasiones

Por The Associated Pres

En un claro rechazo a los argumentos de Donald Trump, un tribunal federal de apelaciones permitió el miércoles que el Departamento de Justicia reanude el uso de documentos confidenciales incautados en la finca de Florida del expresidente como parte de su investigación penal en curso.

El fallo del panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 11er Circuito representa una contundente victoria para el Departamento de Justicia y allana el camino para que los investigadores sigan revisando los documentos mientras sopesan si presentan cargos penales por el almacenamiento de documentos confidenciales en Mar-a-Lago luego de que Trump dejó la Casa Blanca.

El tribunal también señaló que Trump no había presentado ninguna prueba de que hubiera desclasificado los documentos confidenciales, como ha dicho en repetidas ocasiones, y rechazó la posibilidad de que Trump pudiera tener un “interés individual o necesidad de” los aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados.

El gobierno había argumentado que su investigación se había visto obstaculizada por la orden de la jueza de distrito Aileen Cannon que prohibía temporalmente a los investigadores seguir utilizando los documentos en la pesquisa. Cannon, quien fue designada por Trump, había dicho que la orden se mantendría a la espera de una revisión separada por parte de un árbitro independiente que ella había nombrado a petición del equipo de Trump.

El panel del tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo con las preocupaciones del Departamento de Justicia.

“Es evidente que el público tiene un gran interés en asegurarse de que el almacenamiento de los documentos clasificados no ha provocado un ‘daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional’”, escribieron. “Determinar eso implica necesariamente revisar los documentos, determinar quién tuvo acceso a ellos y cuándo, y decidir qué fuentes o métodos (si los hay) están en riesgo”.

Una orden judicial que retrasara o impidiera a la investigación penal “utilizar materiales confidenciales corre el riesgo de imponer un daño real y significativo a Estados Unidos y al público”.

Dos de los tres jueces que emitieron el fallo del miércoles —Britt Grant y Andrew Brasher— fueron nominados al 11er Circuito por Trump. El juez Robin Rosenbaum fue nominado por el expresidente Barack Obama.

El mes pasado, el FBI incautó unos 11.000 documentos, entre ellos un centenar etiquetados como clasificados, durante un allanamiento autorizado por un tribunal en la propiedad de Palm Beach. Ha iniciado una investigación penal sobre si los documentos fueron mal manejados o puestos en riesgo. No está claro si Trump o alguien más será acusado.

Trump ha mantenido repetidamente que él había desclasificado el material. En una entrevista con la televisora Fox News grabada antes del fallo de la corte de apelaciones, dijo que “Si eres el presidente de Estados Unidos, pueden desclasificar solo con decir ‘Está desclasificado’”.

Aunque sus abogados han afirmado que un presidente tiene autoridad absoluta para desclasificar información, no hay llegado a asegurar que esos registros lo estuviesen. El equipo de Trump se resistió esta semana a entregar a Dearie cualquier información que respalde la idea de que el material pudo haber sido desclasificado, alegando que el asunto podría ser parte de su defensa en el caso de una hipotética acusación.

El Departamento de Justicia, por su parte, señaló que no hay indicios de que el expresidente tomase medida alguna para desproteger el material y en un documento judicial incluyó una fotografía de alguno de los archivos incautados, que tenían portadas de colores que indicaban su estatus de clasificado. La corte de apelaciones hizo la misma observación.

“El demandante sugiere que podría haber desclasificado esos documento cuando era presidente. Pero el expediente no contiene evidencias de que ninguno de esos registros hubiese sido desclasificado”, escribieron los jueces. “En cualquier caso, al menos a estos efectos, el argumento de la desclasificación es inútil porque desclasificar un documento oficial no cambiaría su contenido ni lo haría personal”.