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Luis Gutiérrez sostiene que los republicanos buscan imponer “una nueva capa de supervisión colonial”
Por: José A. Delgado
WASHINGTON – Los demócratas del Congreso comenzaron a alinearse esta tarde en contra de los poderes que el liderato republicano quiere otorgarle a una junta federal de control fiscal que buscan imponer sobre Puerto Rico.
Aunque aprecia “la buena fe” de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes en buscar una solución a la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla, la portavoz de la minoría, Nancy Pelosi (California), sostuvo que “los poderes excesivos que tendría la junta de supervisión propuesta en el borrador para discusión del representante (Rob) Bishop no están ni cerca a algo que los demócratas podrían apoyar”.
“En su forma actual, la junta propuesta ejercería un control indebido y antidemocrático sobre los residentes y el gobierno de Puerto Rico”, agregó Pelosi, quien, sin embargo, expresó esperanzas de poder “trabajar con el presidente de la Cámara, Paul Ryan, y con el Presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop, para resolver los problemas de este borrador, y realizar nuestra meta de consenso y legislación bipartidista”.
“La receta republicana”, dijo por su parte el boricua Luis Gutiérrez (Illinois), “es una nueva capa de supervisión colonial”.
“Los problemas de Puerto Rico se derivan del exceso de facultades que tiene Washington para determinar su destino. Esta propuesta junta de control se suma a los vastos poderes, y a la poca transparencia o falta de participación auténtica del pueblo de Puerto Rico. La solución no es un control más firme sobre su autodeterminación, sino una economía en crecimiento, y dinámica que cree puestos de trabajo para los puertorriqueños en Puerto Rico”, agregó Gutiérrez.
Los también puertorriqueños Nydia Gutiérrez y José Serrano (Nueva York) coincidieron en que la junta propuesta por el GOP “socavaría el estado de derecho”.
“Permitiría a la junta anular las leyes de Puerto Rico y adoptar sus propias leyes sobre las objeciones del gobierno de la Isla. Esos poderes no proveen supervisión, sino que usurpan el rol del gobierno democráticamente electo de Puerto Rico”, indicaron Velázquez y Serrano, al señalar que como está redactado el borrador de legislación no pueden respaldarlo.
También esperan que se afine la redacción que permitiría reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, para asegurar que se le otorga prioridad “a que los beneficios de los jubilados son pagados”.
“Darle a Puerto Rico la protección de la bancarrota es un paso clave hacia resolver la crisis económica y humanitaria, y evitar un colapso”, señaló, por su parte, la senadora demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York), quien presentó una medida a principios de mes que permitiría a la Isla reestructurar toda su deuda pública, sin imponer una junta federal.
Las expresiones de los legisladores demócratas se producen en momentos enque se espera por la más reciente versión del borrador de legislación que publicaría esta tarde la dirección del Comité de Recursos Naturales.
Los planes del Comité son presentar la medida oficialmente el 11 de abril, celebrar una audiencia legislativa el día 13 y una sesión de votación al día siguiente.
“El Congreso tendría que actuar ahora”, indicó Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca.
La junta federal de control fiscal que propone el borrador republicano que se conoce públicamente tendría poder para revocar leyes y planes presupuestarios del gobierno de Puerto Rico, pero a la misma vez para impulsar procesos de reestructuración de deuda, primero voluntarios, pero en su momento por la vía judicial.
Un apartado clave para echar adelante procesos hacia la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico es la puesta en vigor, tan pronto la medida sea ley, de un freno en la litigación para el cobro de deudas del gobierno de Puerto Rico.
Para poder echar hacia delante un proceso de reestructuración ante el Tribunal Federal de San Juan, los promotores de la legislación indican que será necesario que la dependencia gubernamental tenga un plan fiscal en funcionamiento, estados financieros auditados y que hayan fracasado los esfuerzos hacia un reajuste voluntario de la deuda.
El liderato legislativo de la Cámara baja busca que la legislación pueda ser aprobada durante el mes de abril, previo a un posible impago masivo el 1 de mayo, cuando el gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir con cerca de $480 millones en el servicio de la deuda.
En la Cámara baja, el liderato que encabeza el speaker Ryan necesitará torear la oposición que puedan levantar conservadores a la posibilidad de tener que reestructurar gran parte de la deuda pública y la oposición de sectores demócratas a una junta que le arrebate al gobernador y a la Legislatura de Puerto Rico sus funciones constitucionales.
En el Senado, aunque los republicanos controlan 54 de los 100 escaños, necesitan por lo menos seis demócratas para poder llevar un proyecto a votación final, si un solo legislador se opone.
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