BUENAVENTURA, Colombia (AP) — Los agentes vadean casas de viviendas de madera abandonadas sobre un río cubierto de manglares, uno de los principales canales utilizados por las bandas para mover drogas y armas en este tramo de la costa colombiana del Pacífico olvidada durante mucho tiempo.

Cada paso que dan es un recordatorio: aquí el control no está en manos de la ley, sino de aquellos cuyos nombres se susurran en la ciudad. Los Shottas y Los Espartanos.

Las dos bandas son las últimas en asediar Buenaventura, el puerto de mayor actividad de Colombia y la joya de la corona de las rutas del narcotráfico, el punto desde el que sale la droga hacia el resto del mundo.

Ahora, están entre el creciente número de grupos armados que esperan para negociar acuerdo de paz con el nuevo gobierno de Colombia.

Pero a medida que su gobierno avanza para cumplir esa audaz promesa, Buenaventura se ha convertido en un ejemplo de la maraña que el mandatario debe desenredar.

Petro busca cambiar la forma en la que el país aborda la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura. También está negociando con los grupos armados más poderosos — desde las guerrillas izquierdistas a pequeñas mafias de traficantes — en un esfuerzo por lograr su desmovilización simultánea.

Más de un año después de su llegada, el plan de Petro para la “paz total” ha avanzado. Más de 31.000 combatientes de milicias armadas se han presentado para empezar conversaciones de paz, según las estimaciones del gobierno. En Buenaventura y en otras ciudades hay previstos programas para los jóvenes que reclutan las pandillas. Pero, según los expertos, los grupos armados más poderosos se han hecho más fuertes y el derramamiento de sangre entre las bandas rivales se ha disparado.

Los críticos sostienen que estos grupos se están aprovechando del alto el fuego con el gobierno. Describen economías criminales fuertes y a efectivos de seguridad incapaces de perseguir a los delincuentes. Y muchos, desde las víctimas a los grupos armados que buscan acuerdos, miran el plan de Petro con la desconfianza forjada en décadas de violencia y promesas incumplidas.

“La idea que hay detrás de la ‘paz total’ es acertada. Hay que mirar los problemas sociales que hay detrás de estos conflictos”, dijo Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime, un centro de estudios con sede en Colombia. “El gran desafío que enfrenta Petro es: ¿Cómo hablar de paz sin fortalecer a estos grupos?”.

Ningún grupo está cerca de firmar un acuerdo de paz completo. En Buenaventura, Los Shottas se niegan a desmovilizarse hasta que “todos los grupos en Colombia entreguen las armas también”, explicó un delegado de la banda a The Associated Press.

“¿Sabe cuántos grupos quieren entrar a Buenaventura? Cantidades de grupos”, dijo el hombre, que se negó a dar su nombre y habló bajo condición de identificarse con su nombre de guerra, Jerónimo. “Y si se entrega la fuerza, ¿qué puede pasar? Esos grupos vienen para exterminarnos”.

En toda Colombia, las décadas de conflicto entre las guerrillas de izquierdas, los paramilitares de derechas, los grupos de traficantes y el gobierno convirtieron a más de 9,5 millones de personas — casi un 20% de la población — en víctimas de desplazamientos forzados, homicidios o violencia sexual, entre otros.