Dos mujeres que fueron detenidas en el norte de Montana por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por hablar español mientras realizaban compras llegaron a un arreglo financiero en su demanda contra la agencia, dijo el martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Montana.

Ana Suda y Martha “Mimi” Hernandez, ciudadanas estadounidenses, dijeron que sus derechos constitucionales fueron violados cuando agentes de la dependencia las detuvieron durante 40 minutos en un estacionamiento a las afueras de la tienda y les exigieron ver sus documentos.

Suda grabo un video de la interacción de mayo de 2018 en la que ella le preguntó al agente de la CBP Paul O’Neill por qué las interrogaba.

“Señora, la razón por las que le pedí sus documentos de identificación es porque yo vine aquí y vi que ustedes estaban hablando español, que no es común aquí”, dijo O’Neill en el video. Suda y Hernandez tenían licencias de conducir de Montana válidas.

O’Neill y un supervisor que se presentó posteriormente en el lugar dejaron claro por medio de palabras y acciones que las mujeres no estaban en libertad para dejar el estacionamiento, dijo en la demanda el abogado de la ACLU Alex Rate.

“Demandamos al gobierno porque hablar español no es una razón para ser discriminado racialmente ni hostigado”, dijo Suda en una declaración proveída por la ACLU. “Estoy orgullosa de ser bilingüe y espero que como resultado de este caso la CBP examine seriamente sus prácticas y políticas. Nadie debería tener que pasar por esto de nuevo”.

La ACLU de Montana declinó revelar el monto del acuerdo, que no fue incluido en los documentos presentados hasta ahora en la corte.

Stephanie Malin, portavoz de la CBP, dijo que la agencia no iba a comentar sobre el acuerdo.

Al compilar información para la demanda, la ACLU dijo que agentes de la CBP en el norte de Montana admitieron que frecuentemente discriminaban racialmente a personas no blancas.

“Es un lugar pequeño y tenemos a muchos agentes aquí y nadie tiene mucho que hacer”, dijo un supervisor no nombrado de la agencia a abogados de la ACLU en una declaración videograbada.

Suda y Hernandez enfrentaron represalias en Havre por presentar la querella, dijo la ACLU.

“Finalmente tuvieron que irse de Havre ante el temor por la seguridad de su familia”, dijo Caitlin Borgmann, directora ejecutiva de la ACLU de Montana.