En El Salvador y Honduras el aborto es un delito en todas las circunstancias y en Guatemala solo es legal cuando la vida de la madre corre peligro.

Por EFE – Mujeres y niñas migrantes pueden sufrir violaciones y abusos sexuales al huir de sus países y las leyes contra el aborto en América Central agravan su vulnerabilidad y favorecen la impunidad de los responsables.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el estudio “Sometidos a abusos y abandonados. Una perspectiva de género sobre el tráfico ilícito agravado de migrantes y su respuesta”, publicado este lunes en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El documento ofrece una perspectiva de género sobre los abusos que padecen los migrantes en las rutas del Norte de África y de América Central por medio de entrevistas y datos de otras organizaciones.

“Descubrimos que los migrantes hombres son sometidos principalmente a trabajos forzados y violencia física, mientras que las mujeres están más expuestas a la violencia sexual, lo que provoca embarazos no deseados y abortos. Todos los géneros pueden sufrir un trato inhumano y degradante”, explica Morgane Nicot, coordinadora del estudio.

Los migrantes pueden ser sometidos a torturas, violaciones, secuestros y todo tipo de violencia arbitraria, aunque, según relata el estudio, las mujeres, los menores y las personas LGTB+ son más vulnerables a los abusos.

El reporte también denuncia que, pese a la gravedad de estos delitos y lo extendido que está el uso de la violencia en las rutas migratorias, éstos quedan casi siempre impunes e incluso funcionarios de países de tránsito participan en ellos.

CRIMINALIZAR A LAS VÍCTIMAS

Además, ciertas leyes -tanto en el Norte de África como en Centroamérica- exponen precisamente a los grupos especialmente vulnerables, como personas LGTB+ y mujeres.

“La legislación que criminaliza el aborto y las relaciones entre personas del mismo sexo pone en la diana a mujeres y a la comunidad LGTB+”, indica el estudio.

Y se recuerda que en El Salvador y Honduras el aborto es un delito en todas las circunstancias y en Guatemala solo es legal cuando la vida de la madre corre peligro.

“Estas leyes presentan una discriminación de género inherente y obstaculizan el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas” migrantes de violencia sexual.

La situación irregular de la víctima en los países de tránsito y la existencia de una legislación que puede criminalizarla si aborta, incluso en el caso de ser violada, hace que evite acudir a la justicia.

“Algunos migrantes son reacios a denunciar los abusos porque pueden ser tratados como delincuentes por su situación irregular o por haber abortado, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio o con miembros del mismo sexo, actos penados en algunos países”, señala el documento.

La ONUDD también investigó la motivación de la violencia de los traficantes contra los migrantes, para concluir que se usa como forma de castigo, de intimidación o coerción, o simplemente como señal de poder.

Por otro lado, el tipo de violencia sexual contra el colectivo LGTB+ está relacionada con la visión machista de la sociedad de los perpetradores.

“La violencia sexual también se perpetra sin otro propósito que una demostración de poder, misoginia, racismo o gratificación sexual”, señala el documento.

Otro aspecto que se revela es que, por distintos factores, las mujeres migrantes suelen tener menos dinero y, por ello, son más vulnerables a abusos sexual para pagar los costos del viaje, algo definido como “violación transaccional”.

Finalmente, el estudio llama a una mayor cooperación internacional para tratar de que quienes cometan estos delitos respondan ante la justicia.

“Estamos ante un delito que no puede resolver un país de origen, de tránsito o de destino, sino que sólo se puede afrontar con mayor cooperación internacional”, resume Carlos Pérez, un experto de la ONUDD en la lucha contra el tráfico de personas.