El reverendo Tom Doyle, un abogado canónico estadounidense quien trabajó para la embajada del Vaticano en Washington y ahora brinda asesoramiento a las víctimas, dice que ya no les aconseja que busquen justicia en la Iglesia.

¿Por qué? Porque “la Iglesia los jod… en todos los sentidos desde el domingo”, dijo.

Doyle dice que recomienda a las víctimas “no perder su tiempo”, y agrega: “La única justicia, o justicia aparente, que se ha impartido es en los tribunales civiles porque la Iglesia no puede fastidiarlos”.

Casi todas las investigaciones sobre abusos en la Iglesia católica que han sido publicadas en los últimos años han identificado al sistema legal de la Iglesia como una gran parte del problema, desde informes encargados por la Iglesia en Francia y Alemania hasta investigaciones gubernamentales en Australia, estudios ordenados por el Parlamento en España e investigaciones policiales en Estados Unidos.

Si bien se han producido algunas reformas, incluida que Francisco eliminara el secreto oficial que encubría los casos de abuso, en 2019, persisten cuestiones fundamentales.

Parte del problema es que el derecho canónico nunca ha tenido el deber de abordar las necesidades de los sobrevivientes de abuso o ayudarlos a sanar: el objetivo del sistema está completamente centrado en las instituciones para “restaurar la justicia, reformar al ofensor y remediar el escándalo”.

INFORMES IDENTIFICAN PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN LAS ÚLTIMAS POLÍTICAS DE LA IGLESIA

Incluso después de que el Vaticano anunció un código penal actualizado, que ha tomado más de una década, los informes externos fueron notablemente uniformes al identificar:

—El conflicto de intereses estructural incorporado al sistema. Según los procedimientos de la Iglesia, un obispo o superior religioso investiga una acusación de que uno de sus sacerdotes violó a un niño y luego dicta sentencia. Sin embargo, el obispo o el superior tiene un interés personal, ya que el sacerdote es considerado un hijo espiritual en quien el obispo ha invertido tiempo, dinero y amor.

Es difícil pensar en otro sistema jurídico en el mundo en el que se pueda esperar que alguien con una relación tan personal y paternal con una de las partes en una disputa emita un fallo de manera objetiva y justa.

La comisión independiente que investigó el escándalo de abusos de la Iglesia en Francia dijo que tal conflicto de intereses estructural “parece insostenible, humanamente hablando”.

Incluso el propio Sínodo de Obispos del papa llegó a una conclusión similar. En su documento de síntesis de noviembre después de una reunión de un mes, los obispos del mundo identificaron el conflicto de intereses como un problema constante.

“La delicada cuestión del manejo de los abusos coloca a muchos obispos en la difícil situación de tener que conciliar el papel de padre con el de juez”, dice el informe del sínodo, que sugiere que la tarea de juzgar se asigne a “otras estructuras”.

—La falta de derechos fundamentales de las víctimas. En las investigaciones de abuso canónico, las víctimas son meros testigos externos en sus casos. No pueden participar en ninguno de los procedimientos secretos, no tienen acceso a los expedientes del caso y ni siquiera tienen derecho a saber si se ha iniciado una investigación canónica y mucho menos su estatus.

Sólo debido a una reforma de Francisco en 2019 se permite a las víctimas saber el resultado final de su caso, pero nada más.

El Defensor del Pueblo, el ombudsman español, encargado por el Congreso de los Diputados del país de investigar los abusos en la Iglesia católica española, dijo que las víctimas a menudo vuelven a sufrir un trauma por ese proceso.

“De acuerdo con los estándares internacionales de derechos de las víctimas, recuerda la necesidad de evitar la victimización secundaria. Las víctimas que acuden a la justicia no pueden ser maltratadas ni cuestionadas, independientemente de los derechos y garantías de las personas acusadas”, señala el informe.

Los expertos franceses fueron más allá, y argumentaron que la Santa Sede esencialmente incumple sus obligaciones como Estado observador de la ONU y miembro del Consejo de Europa, que requieren defender los derechos humanos básicos de las víctimas.

Citando el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el informe francés señaló que un derecho fundamental incluye el acceso a un juicio justo “que garantice, en particular, el derecho de acceso a una justicia independiente y a un procedimiento contencioso, y para la víctima, el derecho a un resarcimiento efectivo”.

“El derecho canónico sólo podrá dar una respuesta genuina al abuso sexual de niños y personas vulnerables en la Iglesia católica si cumple con las exigencias de justicia universalmente reconocidas y si se aplica de manera más efectiva”, concluyó la comisión francesa.

—No hay jurisprudencia publicada. A diferencia del tribunal del Vaticano conocido como Tribunal de la Rota Romana, que publica casos expurgados de anulación de matrimonios, la oficina de abuso sexual del Vaticano no publica ninguna de sus decisiones sobre cómo se dictaminaron los casos de abuso sexual del clero.

Eso significa que un obispo que investiga una acusación contra uno de sus sacerdotes no tiene manera de saber cómo se ha aplicado la ley en un caso similar. Significa que los estudiantes de derecho canónico no tienen jurisprudencia que estudiar o citar. Significa que académicos, periodistas e incluso las víctimas no tienen forma de saber qué tipos de comportamiento se sancionan y si las sanciones se imponen arbitrariamente o no.

Los expertos legales independientes que investigaron los abusos del clero en Múnich, Alemania, dijeron que la publicación de decisiones canónicas ayudaría a eliminar la incertidumbre de las víctimas sobre cómo se aplicaba la ley de la Iglesia. La Comisión Real de Australia, el organismo de investigación más alto del país, también pidió la publicación de las decisiones sobre abusos, en forma expurgada, y que se proporcionen por escrito los motivos de sus decisiones “de manera oportuna”.

Internamente, los abogados canónicos se han quejado durante años de que la falta de casos publicados profundiza las dudas sobre la credibilidad y eficacia de la respuesta de las iglesias al escándalo eclesiástico.

“Esta falta de publicación sistemática de la jurisprudencia de los más altos tribunales de la Iglesia es indigna de un verdadero sistema legal”, dijo Kurt Martens, profesor de la Universidad Católica de América (CUA), en una conferencia de derecho canónico en Roma a finales del año pasado.

Monseñor John Kennedy, quien dirige la oficina del Vaticano que investiga los casos de abuso, mantuvo que su personal trabajaba diligentemente para procesar los casos y había recibido elogios de algunos obispos en lo individual, conferencias enteras que los visitan y superiores religiosos.

“No hablamos de lo que hacemos en público, sino de la retroalimentación que recibimos y los comentarios de nuestros miembros que se reunieron recientemente para la Plenaria son muy alentadores”, escribió a The Associated Press. “El papa también expresó su gratitud por el gran trabajo que se hace en silencio”.

Pero esos elogios parecen provenir principalmente de la jerarquía, no de aquellos que han sido perjudicados: las víctimas.

Se les deja languidecer, incluso si —como ahora aconseja la Iglesia— denuncian sus abusos. El seminarista español que se reunió con el papa presentó primero su denuncia contra su abusador ante la arquidiócesis de Toledo en 2009. Pero el arzobispo de Toledo solo inició una investigación interna en 2021 e informó de ello al Vaticano después de que el periódico español El País informara sobre el caso.

La AP no revela el nombre de las víctimas de abuso sexual a menos que dichas personas decidan hacerlo públicamente.

En octubre, un tribunal penal español condenó al sacerdote a siete años. Un tribunal de apelaciones anuló recientemente la sentencia por un tecnicismo.

El seminarista ha seguido en contacto con Francisco y recientemente le escribió para decirle que estaba “agotado” por el proceso, pero que a pesar de ello había apelado ante el Tribunal Supremo de España.

Francisco lo llamó inmediatamente y lo animó a seguir con su lucha, dijo.

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