Activistas piden que Administración Obama sea más contundente con el gobierno de Venezuela 

Por: María Peña

Washington.- Venezuela prácticamente ha desaparecido de los titulares pero, ante la escasez, inseguridad e inestabilidad política, las solicitudes de asilo político en EEUU se dispararon entre 2013 y 2014 por una crisis que, según expertos, requiere una mayor atención de Washington.

En 2014, Venezuela se ubicó en el quinto lugar de la lista de los principales países con mayor número de solicitudes de asilo, detrás de China, México, Guatemala y El Salvador.

Según datos de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanías (USCIS, en inglés), el número de solicitudes de asilo de inmigrantes venezolanos fue de 2,181 en el año fiscal 2014, o el 4% del total de 56,912.

En el año fiscal 2013, el número de solicitudes de venezolanos fue de 784, de un total de 44,446.

La cifra no sorprende a activistas como Patricia Andrade, quien explicó a este diario que aunque Washington puso sus ojos en la crisis de Venezuela no ha sido, a su juicio, lo suficientemente contundente en su respuesta a las violaciones a los derechos humanos en ese país.

“Si una persona es perseguida pero es deportada a Venezuela, lo más seguro es que enfrente la muerte, y eso es muy duro. El proceso de asilo es muy difícil y por eso ayudamos a los venezolanos con sus trámites, para que no caigan en manos de estafadores“,  dijo en entrevista telefónica Andrade, directora de derechos humanos del grupo “Venezuela Awareness” en Miami (Florida).

En la actualidad, la espera para la revisión de una solicitud de asilo es de entre dos y tres años, debido a las enormes demoras en los tribunales de Inmigración.

En diciembre de 2014, el Congreso aprobó una serie de sanciones económicas para presionar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro por la represión de protestas callejeras ese año, lo que agravó las tensiones entre Washington y Caracas.

En marzo pasado, la Administración Obama emitió una orden ejecutiva que prohíbe la entrada a EEUU a siete funcionarios del gobierno venezolano o que hagan negocios con ciudadanos estadounidenses.

Bajo esa orden, el Departamento del Tesoro también puede confiscar los bienes que posean los funcionarios en este país.

Ante las críticas internacionales a las sanciones, la Casa Blanca explicó que éstas fueron una medida punitiva contra las violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción del gobierno venezolano.